Panameños reaccionan ante posible reactivación de megaminería
El gobierno de José Raúl Mulino está dispuesto a tomar cualquier camino legal para conseguirlo.
El debate sigue abierto y la tensión entre el Ejecutivo y los sectores ambientalistas crece, mientras el país que enfrenta el reto de equilibrar desarrollo económico y protección ambiental. Foto: EFE.
3 de mayo de 2025 Hora: 16:04
La posibilidad de retomar la actividad minera encendió las alarmas en diversos sectores populares, especialmente por el temor a que se utilicen estrategias legales controversiales para facilitar la reapertura, tras años de cuestionamientos sobre la transparencia y equidad de los contratos mineros, la existencia de un código minero desfasado que no refleja las mejores prácticas en el sector, la ausencia de una política clara para la industria minera en el país, entre otros reclamos.
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El mandatario Mulino declaró públicamente que no se recurrirá a la figura de un «contrato-ley», buscando diferenciarse de administraciones anteriores y prometiendo una “real asociación” en la que la mina pertenezca a Panamá.
Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las dudas sobre la protección de los intereses nacionales ni calmar la preocupación de quienes recuerdan los graves impactos ambientales y sociales que dejó la gestión minera pasada.
Organizaciones ambientales y comunidades cercanas a los proyectos mineros advierten sobre riesgos que va mucho más allá de lo legal. Señalan la falta de laboratorios certificados para el monitoreo ambiental, la ausencia de consultas ciudadanas y el déficit en información geológica, lo que dificulta una supervisión adecuada y transparente. Además, persisten denuncias sobre la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones sociales.
El diagnóstico del sector minero en Panamá revela serias deficiencias: un marco legal desactualizado, permisos poco claros, recaudación insuficiente y una fiscalización deficiente. Estos vacíos han permitido que problemas como la contaminación del agua, la destrucción de ecosistemas y la afectación directa a miles de personas sigan sin solución. El manejo del agua en zonas de alta pluviosidad y la gestión de residuos peligrosos son desafíos técnicos que el Estado aún no demuestra poder controlar eficazmente.
Mientras el gobierno niega la existencia de contaminación directa del agua y promueve la minería como motor de reactivación económica, la sociedad civil y, especialmente, la juventud panameña, mantienen su rechazo a la reapertura.
Autor: TeleSUR: alr - MMM
Fuente: teleSUR